La nueva realidad de los alquileres turísticos

Los alquileres turísticos ha sido un tema recurrente en diferentes artículos de medios de comunicación este verano, debido a la aprobación por parte del gobierno balear de la reforma de la ley de alquiler turístico que, a grandes rasgos, restringe este negocio que tanto está despuntando en los últimos años, con los problemas socioeconómicos que derivan de él: el movimiento conocido como “turismofobia”, el aumento espectacular del precio de los alquileres en ciudades como Barcelona o Madrid, o la falta de viviendas para uso habitual en las propias Islas Baleares.

Así, el gobierno balear reacciona, en primer lugar, limitando el número de alojamientos destinados para el turismo (concretamente de 623.624 viviendas en todo el archipiélago) y estableciendo unas condiciones muy estrictas que pueden acarrear unas sanciones de hasta 400.000 euros.

Turismo, el sector de más auge.

Por todos es sabido que, en los dos últimos años, el turismo ha batido récords históricos en nuestro país. La progresiva superación de la crisis económica y el desvío de buena parte del turismo de países del Mediterráneo causado por la inseguridad que sufren países como Turquía o Túnez, unido a las propicias características de nuestras costas, han llevado a una auténtica masificación en algunos lugares, destacando sobre todo Cataluña y las Islas Baleares.

Y este repentino aumento, unido a la proliferación de plataformas de intermediación como Airbnb, Homeaway o Wimdu, ha provocado la irrupción de un nuevo modelo de negocio en el que empresas, arrendadores y arrendatarios han visto un filón de oro. Y, como a veces ocurre ante situaciones más o menos imprevistas, la normativa no estaba preparada para responder a la realidad.

Hasta la actualidad, numerosas viviendas ofertadas a través de plataformas  o por los propios particulares se encontraban en una situación de alegalidad, pues no estaban sometidos a la ley de arrendamientos. De hecho, en realidad, la normativa balear sólo permite utilizar viviendas aisladas, chalets o casas de pueblo para uso turístico, siempre con la pertinente licencia. ¿El resultado? Tal y como señalaba el diario El Mundo, el 70% de las plazas de alquiler turístico es ilegal.

La nueva normativa

Con la reforma legal, las administraciones permiten regular una situación que, sólo en Mallorca, mueve más de 300 millones de euros anuales y prácticamente 15.000 plazas, tal y como muestra la siguiente gráfica:

La nueva regulación prohíbe el alquiler de pisos a turistas, así como su anuncio en plataformas especializadas. Las multas a las que se enfrentan pueden alcanzar los 40.000 euros para los particulares y 400.000 para las plataformas. Además, para el resto de viviendas que sí pueden ser destinadas a este uso, se requerirá un número de licencia de forma visible.

¿El gran objetivo? Controlar el aumento incontrolado del precio de metro cuadrado, que ha crecido hasta un 40% en el último año, rozando los 11 euros.

La excepción

Lo cierto es que existirá una vía para alquilar las viviendas en edificios residenciales, si bien los Consejos insulares y el Ayuntamiento de Palma aún deben decidir las zonas, las condiciones y la duración. Sin embargo, deberán siempre respetar las zonas llamadas “de emergencia habitacional”, es decir, aquéllas en las que existen problemas reales de acceso a la vivienda por parte de los residentes. Además, en todo momento deberán contar con el aval de la comunidad de vecinos, tratarse de una vivienda nueva y respetar una serie de requisitos en materia de eficiencia energética.

La otra cara de la moneda

Pero, ¿qué opinan las plataformas? Airbnb, la más importante, considera la nueva normativa como “compleja y confusa”, criticando además que no se diferencie entre operadores profesionales y familias locales que comparten sus hogares.

Lo que es seguro es que, en caso de querer seguir operando, estas plataformas deben adaptarse a la nueva normativa y retirar todos los anuncios ya considerados ilegales.
Baleares ha sido pionera, ¿será cuestión de tiempo que el resto de Comunidades Autónomas comiencen a luchar contra los alquileres turísticos?

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